El abogado grancanario Juan Rafael Martín Hernández ha presentado una querella contra Anselmo Pestana y Juan Salvador León, actual delegado del Gobierno de España en Canarias y su predecesor en el cargo, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia grave al haber autorizado la manifestación feminista del 8 de marzo en las islas, a pesar del enorme riesgo de contagio existente a causa del coronavirus. La querella ha sido admitida a trámite.
El letrado querellante, perteneciente al despacho Legalius de Las Palmas de Gran Canaria, apunta de forma inicial a los responsables de la Delegación del Gobierno en Canarias, aunque se reserva “la existencia de posibles nuevos querellados tan pronto vaya avanzando la instrucción del procedimiento”, que toma como referencia el ya existente en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid. Este órgano judicial abrió un procedimiento contra el representante del Ejecutivo central en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, para esclarecer si incurrió en prevaricación al permitir las «reuniones multitudinarias» después de que «se emitiera el informe sobre el Covid-19», por parte del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, que desaconsejaba este tipo de manifestaciones.
La querella presentada en Madrid también incriminaba al presidente de España, Pedro Sánchez, y al resto de delegados del Gobierno de todas las comunidades autónomas, aunque la magistrada en su auto de admisión a trámite apuntó a la condición de aforado de Sánchez, que en cualquier caso tendría que responder judicialmente ante el Tribunal Supremo, derivando a su vez el caso de los delegados autonómicos a los juzgados de la comunidad autónoma correspondiente.
Por este motivo, el abogado Juan Rafael Martín Hernández interpuso una querella -que fue aceptada a trámite el lunes- contra Pestana y León utilizando como principal argumento el informe interno emitido el 24 de enero por el jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto González, que solicitó a los agentes del cuerpo que “extremaran las medidas de protección ante el hallazgo del Covid-19. Es más, incluso en la intervención efectuada en la Moncloa por José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía, en fecha 29 de marzo, anunciaba que había solicitado la compra de material desde hace tres meses”, argumenta la querella.
Según el letrado grancanario, esto “evidencia que desde los responsables políticos de este país ya se tenía conocimiento de la gravedad de la enfermedad que, a fecha del presente, azota nuestro país, con bastante antelación a las convocatorias del 8M”, además de que en Canarias se dio el primer caso del país y, en concreto, en Gran Canaria se conoció el primer infectado “el día 5 de marzo”, añade. “Lo correcto hubiese sido que por parte del delegado del Gobierno, ahora querellado, no se hubiesen autorizado las manifestaciones/concentraciones que tuvieron lugar el día 8 de marzo toda vez que, con la adopción de dicha decisión, ponía en riesgo la vida de miles de personas”, denuncian.
Además, aporta como datos que en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la manifestación feminista tuvo su recorrido desde el Parque San Telmo hasta la plaza de Santa Ana de 2,3 km. y un “alto riesgo de favorecer el contagio de la enfermedad entre los distintos asistentes a la manifestación, ya que se concentraban personas de distintos puntos de la isla, y ya con anterioridad el Centro Europeo había desaconsejado cualquier tipo de manifestación/concentración”.
Por tanto, entiende el querellante que queda en evidencia que por parte de Pestana y León “a sabiendas de la situación de alerta por coronavirus que existía en nuestro país y siendo perfectamente conocedores de las consecuencias de dicha enfermedad, de manera arbitraria dictaron y con total menosprecio a la integridad de las personas, resolución por la que se permitió la manifestación” celebrada en la capital. “Obviamente, esta omisión por parte de los Delgados de Gobierno de cada comunidad Autónoma, así como el resto de responsables políticos, no puede quedar impune”, sostiene este letrado.
También se interesa en la querella que se tengan en cuenta “quienes fueron los promotores” de las manifestaciones “dada la posible responsabilidad en la que puedan incurrir durante esta instrucción”.
El abogado grancanario Juan Rafael Martín Hernández, del despacho Legalius, presenta esta querella en calidad de acción popular.
