Le atribuye haber cocinado, secado y troceado partes del cadáver antes de tirarlas en contenedores y enclaves del sur de la isla
Miguel Gallego Pousada, el exguardia civil que en febrero de 2025 confesó haber descuartizado a su esposa, María Dolores Illán Méndez, se enfrenta a 17 años y cinco meses de prisión. Es la condena que solicita el fiscal Jesús Lomba en su escrito de acusación provisional, en el que atribuye al acusado la presunta comisión de un delito de homicidio con la agravante de parentesco, otro de profanación de cadáver y un tercero contra la integridad moral. Además, le pide que indemnice con 250.000 euros a las dos hijas de la pareja. Gallego, que está defendido por el abogado Juan Rafael Martín Hernández, lleva en prisión provisional, comunicada y sin fianza, desde el 13 de febrero de 2025.
Por el homicidio, la Fiscalía reclama 15 años de cárcel, inhabilitación absoluta y diez años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión. Por la profanación de cadáver pide cinco meses de prisión y por el delito contra la integridad moral, dos años.
El fiscal incluye además una petición que afecta a la salud mental del acusado. Solicita a la Plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana una diligencia complementaria, que remite a otro escrito que ya había presentado el 1 de septiembre de 2026, para que se practique un informe forense sobre la imputabilidad de Gallego. Lo hace, explica, por el informe pericial que presentó su defensa entendiendo que el acusado no tiene sus capacidades anuladas. La Fiscalía pide, asimismo, que siga en prisión provisional hasta la sentencia y recuerda que el máximo legal de esa medida, salvo prórroga, se cumpliría el 12 de febrero de 2027.
Pide un informe sobre la imputabilidad del acusado, a raíz de uno de parte presentada por el abogado Juan Rafael Martín
El Ministerio Público sitúa los hechos en el apartamento que el matrimonio compartía en el complejo Aida, en Playa del Inglés, durante el confinamiento por la Covid-19. En una hora que no ha podido concretarse, pero posterior a las 11.20 del 18 de abril de 2020 y después de que la mujer regresara de dar un paseo, Gallego, actuando «con el propósito de acabar con la vida de su esposa, en forma que no ha podido determinarse, le causó la muerte en el interior de la vivienda». Según la acusación, «lejos de realizar maniobras de auxilio o llamar a los servicios de emergencia para atenderla, dejó voluntariamente que María Dolores falleciera sin tomar medidas que pudieran evitar el fatal desenlace».
Después, «para evitar ser descubierto», el acusado descuartizó el cadáver con distintas herramientas cortantes, «cocinó algunas partes del mismo, las secó y troceó en pequeños fragmentos que arrojó en contenedores de basura y en distintos puntos del sur de la isla». Los restos aparecieron, sobre todo, en el paseo marítimo que discurre entre el centro comercial El Tropical y el Hotel Dunamar y en un descampado próximo al supermercado Lidl donde se proyecta el Siam Park. El fiscal subraya que con ello privó a los familiares de darle sepultura y actuó «en claro menosprecio por su memoria».
A continuación, sostiene la Fiscalía, Miguel Gallego hizo creer a sus hijas que su madre se había ido por voluntad propia y para ello redactó una nota atribuida a ella que decía: «No me vuelvas a buscar. No quiero saber nada de nadie ni hijas». El 18 de agosto de 2020 traspasó 62.000 euros de la cuenta común a otra que abrió después de la muerte y cerró en diciembre. Denunció la desaparición el 11 de marzo de 2021, pidió el divorcio en abril de 2024 y, hasta que el 10 de febrero de 2025 admitió ante la Policía que no había dicho la verdad, ofreció versiones distintas sobre el paradero de su esposa, lo que, según el fiscal, «incrementó el padecimiento e incertidumbre en la familia».
Entre las pruebas que propone el Ministerio Público figuran peritajes caligráficos y de ADN, análisis de las conversaciones de WhatsApp del acusado, los movimientos bancarios y un informe forense que concluye que «no es posible la causa ni la presencia de lesiones con los restos encontrados». Para el juicio con jurado cita a 14 testigos, entre ellos vecinos, empleados del complejo y de restaurantes, familiares y amistades de la víctima, la pareja actual del acusado y las dos hijas.
